El desarrollo social en las sombras: ¿es hora de una COP por la justicia social? 19 de diciembre de 2025
Boletín informativo 16 de diciembre de 2025
Estimados colegas:
En 1995, en Copenhague, la Cumbre Social Mundial, a la que asistieron 117 jefes de Estado o de Gobierno, acordó un plan global integral y articulado para erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y productivo, combatir la desigualdad y fomentar la inclusión social. Situó a las personas en el centro del desarrollo. Treinta años después, la comunidad internacional se reunió en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada del 4 al 6 de noviembre de 2025 en Doha (Qatar). Pero esta vez solo asistieron 40 jefes de Estado.
Como ¨Global Call to Action Against Poverty (GCAP)¨, esperábamos que este evento mundial de las Naciones Unidas se convirtiera en la «cumbre de la desigualdad». Dado que vivimos en un mundo en el que las desigualdades se han vuelto extremas, este es el principal reto para la justicia social. Lamentablemente, esto no sucedió.
A pesar del contexto de tensiones geopolíticas, guerras y conflictos, se asumieron compromisos importantes y positivos, por ejemplo, en materia de protección social universal y servicios públicos para todos. Sin embargo, estos compromisos no fueron respaldados por planes de acción concretos. En general, la cumbre no generó el impulso necesario para transformar las palabras de la declaración en un movimiento genuino que permita alcanzar su objetivo general, el de la justicia social para todas las personas.
Por eso creemos que es urgente la participación activa de una sociedad civil mucho más fuerte y bien coordinada para que los gobiernos rindan cuentas de sus promesas y se reavive la esperanza.
El objetivo de la Cumbre Social Mundial era renovar el compromiso con la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague, incluida su aplicación, y generar impulso para la aplicación de la Agenda 2030. Las esperanzas eran grandes cuando el Secretario General de las Naciones Unidas propuso celebrar una segunda Cumbre Social Mundial.
Según el secretario general de las Naciones Unidas, António Gutiérrez, la Cumbre y la Declaración de Doha constituyen “una dosis de refuerzo para el desarrollo” y “un plan para las personas”. El documento final oficial, la Declaración Política de Doha, fue aprobado por el Plenario en la mañana del primer día, el 4 de noviembre. Había sido negociado a lo largo del año y finalizado el 5 de septiembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque sin la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación (véase más sobre la Declaración Política más adelante).
Según las cifras oficiales, más de 8000 personas participaron en la Cumbre. Además de las sesiones plenarias y las dos mesas redondas, hubo varias líneas de trabajo especiales, a cargo, por ejemplo, la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, el Foro de la Sociedad Civil (véase más abajo) y el Foro del Sector Privado. Se celebraron 250 eventos paralelos, denominados «Sesiones de Soluciones», de forma presencial en el Centro de Convenciones de Doha y en línea. Con esta amplia gama de eventos, muchos participantes se mostraron satisfechos de que se debatieran sus temas y de que se establecieran muchos contactos. Sin embargo, no se tuvo la sensación de que estuviéramos participando en un proyecto común o en un movimiento para el cambio.
Al igual que en otras cumbres y conferencias de la ONU celebradas este año, Estados Unidos no participó. Todos los demás países participaron, pero solo los del Sur Global enviaron a sus jefes de Estado. La mayoría de los países enviaron a ministros o altos funcionarios.
Por lo tanto, no fue una sorpresa que la atención de los medios de comunicación fuera muy escasa. Esta cumbre quedó opacada por otros procesos globales en curso, concretamente por la COP30. El último día de la Cumbre Social Mundial, las noticias sobre la COP30 dominaron los titulares de los medios de comunicación, mientras que casi no se informó sobre la Cumbre Social Mundial.
Esto contrastó notablemente con la COP30 en cuanto a la atención prestada por los gobiernos y el público, así como con las realidades sociales que la cumbre pretendía abordar. Esto lleva a plantear que necesitamos una COP sobre la desigualdad y la justicia social con objetivos claros, plazos y hojas de ruta y con los esfuerzos conjuntos que ello requiere, respaldados por la energía articulada de la sociedad civil y una mayor proyección hacia el público en general.
La Declaración Política de Doha se basa en la Declaración y el Llamamiento a la Acción de Copenhague de 1995 y, por lo tanto, contiene repeticiones de acuerdos anteriores de cumbres de la ONU. Muchos de ellos son buenos. Tras unos primeros borradores débiles, la declaración final fue mucho más contundente.
En el contexto geopolítico actual, esto ya es una victoria. Las disposiciones de seguimiento y control incorporadas en la Declaración pueden utilizarse tanto para seguir trabajando en la justicia social en los próximos años como para exigir responsabilidades a los gobiernos ahora y más allá de 2030. Cabe señalar también que, si bien se revisaron muchas cuestiones y demandas sobre la pobreza, el pleno empleo y la cohesión social, la declaración abordó nuevas preocupaciones como la economía del cuidado, los salarios dignos, la inteligencia artificial y la brecha digital.
No obstante, la Cumbre puso de manifiesto la gran brecha que existe entre la retórica de los acuerdos de las Naciones Unidas y las realidades que se supone que deben abordar. Faltan compromisos concretos. Esto genera frustración y pérdida de confianza en los procesos internacionales y en el papel de las Naciones Unidas.
Evaluación de la declaración:
- La declaración describe los problemas y desafíos —así como algunos avances— relacionados con el desarrollo social y la justicia social. Véase, por ejemplo, el párrafo 18:
Sin embargo, treinta años después de la celebración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los progresos siguen siendo lentos y desiguales, y persisten importantes brechas y desigualdades dentro de los países y entre ellos. A solo cinco años de la fecha límite de 2030, los progresos hacia la consecución de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido demasiado lentos, y algunos objetivos se han estancado o incluso han retrocedido, a pesar de los notables avances logrados en algunas esferas.
Es importante reconocer los problemas existentes, por ejemplo, la crisis de la deuda, que sigue siendo un grave desafío para el desarrollo social. Sin embargo, el análisis no es lo suficientemente profundo. No obstante, dado que la declaración es un texto negociado entre gobiernos, se evitaron las cuestiones difíciles.
Sin embargo, una cosa es decir que el logro de los ODS es demasiado lento y otra muy distinta es analizar las causas de este lento progreso. Se podría señalar el impacto de las políticas de austeridad, que no se mencionan en absoluto en la declaración, a pesar de que la austeridad está afectando al 84 % de los países del mundo, con recortes en los presupuestos de salud, educación y protección social. La austeridad es uno de los principales factores que impulsan la pobreza y la desigualdad, pero no se menciona en la declaración.
- Dada la falta de un análisis específico, no es de extrañar que la declaración carezca de visión. En GCAP, esperábamos que esta fuera la Cumbre sobre la Desigualdad y que la declaración situara la lucha contra las desigualdades en el centro del camino hacia la justicia social. En cambio, las desigualdades solo se mencionan como un problema. La declaración repite la redacción del Compromiso de Sevilla (Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo) de continuar la reforma de la arquitectura financiera internacional, pero esto sigue siendo una aspiración que carece de detalles. No se mencionan los cambios estructurales necesarios para reducir la desigualdad, incluida la transformación del FMI y el Banco Mundial. Además, hay importantes puntos ciegos: no se abordan directamente la discriminación y la marginación que conducen a grandes desigualdades, como las que sufren las comunidades discriminadas por motivos laborales y de ascendencia.
- La brecha entre la retórica y la acción: aunque hay mensajes contundentes sobre los servicios públicos: atención sanitaria universal, educación, acceso al agua y a la vivienda, protección social y la transición del empleo informal al formal, no hay planes ni metas concretas, tampoco hojas de ruta para la implementación, ni propuestas sobre los recursos financieros necesarios para alcanzar estos ambiciosos objetivos. La brecha entre la retórica y la dura realidad sigue siendo tan amplia como siempre.
- La declaración no siempre es coherente y también resulta problemática en algunos de sus llamados a la acción. Por ejemplo, en la sección sobre salud universal, el llamado al financiamiento privado o a las alianzas público-privadas va en contra de la evidencia que demuestra que este tipo de financiamiento es contraproducente. Asimismo, aunque es positivo que el llamado a la protección social enfatice la universalidad, la mención de redes de protección social resulta inconsistente con este enfoque universal.
- Entre los aspectos positivos cabe destacar la protección social como instrumento fundamental para reducir las desigualdades y la pobreza. La protección social se menciona 25 veces en la declaración. La cantidad no lo es todo, pero muestra la importancia del tema para los objetivos de la Declaración. También hay elementos cualitativos que son bienvenidos. Entre ellos se incluye la financiación de planes y estrategias dirigidos por los países. El compromiso de un aumento mínimo del 2% anual en la cobertura de la protección social no es lo suficientemente ambicioso, pero puede servir de base para el trabajo de seguimiento a nivel nacional.
Fortalecer los sistemas de protección social y reforzar la inversión en medidas, incluidos los pisos de protección social, e integrar la financiación de los sistemas y políticas de protección social, incluidos los pisos y las políticas en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y las normas acordadas intergubernamentalmente, en los planes y estrategias liderados por los países, al tiempo que se presta apoyo a los países en desarrollo que buscan aumentar la cobertura de la protección social, incluidos aquellos que aspiran a hacerlo en al menos dos puntos porcentuales por año. Párrafo 29 (g)
- GCAP acoge con satisfacción la decisión incluida en la declaración de revisar los avances cada cinco años. La primera cumbre mundial de revisión tendrá lugar en 2031. La Comisión de Desarrollo Social llevará a cabo revisiones anuales, y las comisiones regionales se encargarán de supervisar e informar sobre la implementación anual. Aún no está claro cómo se llevará a cabo y financiará este trabajo. La rendición de cuentas solo se menciona una vez en la declaración. Sin embargo, el seguimiento refuerza la importancia de contar con mecanismos sólidos de seguimiento y rendición de cuentas a nivel nacional, regional y mundial.
Los miembros de la sociedad civil se reúnen en Doha.
Reunión de miembros y socios de GCAP en Doha durante la Cumbre Social Mundial 2025
GCAP organizó Asambleas Populares Regionales en África, Asia y América Latina y el Caribe para preparar la cumbre y la Asamblea Popular Mundial antes de la Cumbre Social Mundial del 29 de octubre de 2025, con la participación de una sociedad civil más amplia. La Asamblea dio lugar a la Declaración Popular para la Cumbre Social Mundial, que fue bien recibida y ampliamente difundida durante la cumbre. GCAP también coordinó la reunión de preparación de la sociedad civil en Doha, celebrada después del Foro de la Juventud por el Grupo Principal para la Infancia y la Juventud.
En la propia Cumbre se celebraron muchos eventos simultáneamente, y los eventos financiados por los gobiernos tuvieron lugar en espacios diferentes a los ofrecidos a la sociedad civil. Esto significó que, en ocasiones, los gobiernos no participaron como se esperaba en los eventos organizados por la sociedad civil. La distribución del Centro de Conferencia de Doha contaba con una planta separada para las reuniones de los gobiernos, a la que solo podía acceder la sociedad civil si iba acompañada por un miembro de la delegación gubernamental. Esto supuso una restricción para las reuniones entre los representantes de los gobiernos y la sociedad civil.
El Foro de la Sociedad Civil, celebrado los días 5 y 6 de noviembre, fue organizado por el Comité de ONG para el Desarrollo Social, que es el grupo oficial de la sociedad civil reconocido por las Naciones Unidas para apoyar la participación y la presencia de la sociedad civil en la Comisión de Desarrollo Social anual. El Foro contó con una inauguración y una clausura. Se celebraron diez «eventos destacados» autoorganizados que respondían a los diez compromisos de Copenhague. Esto creó un espacio para que actores clave de la sociedad civil expresaran sus opiniones e interactuaran con representantes de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se preparó ninguna declaración conjunta para ser presentada en el plenario final.
GCAP organizó un total de siete eventos, incluidos dos eventos en el Foro de la Sociedad Civil y dos eventos paralelos oficiales. Por ejemplo, uno con GFoD sobre la situación de las comunidades discriminadas por el trabajo y el descenso y sobre la protección social, el cual fue retransmitido por Naciones Unidas Web TV.
La cumbre fue una oportunidad para la incidencia. Por ejemplo, una delegación de representantes de GCAP se reunió con miembros del Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea.
Vea el evento: Compromiso siete sobre el fomento de los pisos de protección social y la catalización del apoyo al desarrollo para África y los países menos desarrollados, aquí.
Nuru Maro (derecha), coordinadora de GCAP África, y Beckie Malay (segunda por la derecha), de GCAP Filipinas, participaron como ponentes en el evento paralelo «Protección social con perspectiva de género y transformación económica en tiempos de reforma», organizado por GCAP y el Grupo de Trabajo Feminista.
GCAP también coorganizó otro evento oficial de soluciones (virtual), «Deuda, pobreza y derechos humanos: ¿cómo reformar la arquitectura internacional de la deuda para lograr la justicia global?», durante la Cumbre del 4 de noviembre de 2025.
Conclusiones
La situación geopolítica y los tiempos turbulentos para los procesos globales y los retos existenciales a los que se enfrentan las Naciones Unidas hicieron que se prestara menos atención y tiempo a la Cumbre de lo que merecía. La sociedad civil no estuvo bien coordinada, ya que prestó atención a prioridades contrapuestas, especialmente la justicia climática y la gestión de los conflictos en curso, en particular los de Ucrania, Gaza y Sudán.
Una sociedad civil informada, bien organizada y valiente es fundamental para exigir responsabilidades a los gobiernos. Debemos insistir en una supervisión transparente de la aplicación y en la rendición de cuentas. Para ello es fundamental mejorar la coordinación y crear alianzas.
La rendición de cuentas, desde el nivel local hasta el nacional, regional y global, requerirá planificación, comunicación y coordinación. A nivel nacional, los gobiernos, junto con los interlocutores sociales y la sociedad civil, pueden desarrollar planes concretos y establecer cronogramas para implementar los compromisos globales, hasta alcanzar y superar los ODS para 2030 y más allá. Esto debe incluir pisos de protección social universales y cobertura sanitaria universal. Varios países han demostrado que esto es posible, y contamos con herramientas como los informes voluntarios locales, los informes nacionales voluntarios y las revisiones de derechos humanos que puedan apoyar el cumplimiento de nuestros objetivos.
Pero las medidas a nivel nacional y regional no son suficientes. La persistencia de la pobreza, la discriminación, las desigualdades y la injusticia social requieren una mayor atención a nivel global; se trata de problemas arraigados en la política mundial, la codicia económica de las empresas y los individuos y la lucha por el poder. Por eso necesitamos una idea unificadora de una «COP por la justicia social», en la que los gobiernos, la sociedad civil, los interlocutores sociales y los medios de comunicación se unan y den prioridad a los temas de justicia social en la agenda para la propia supervivencia mundial y elaboren planes y compromisos concretos para la aplicación de los compromisos de Copenhague renovados en Doha.
En solidaridad,
Ingo Ritz
Global Call to Action Against Poverty (GCAP)