EN | FR 

Nueva York, 24-25 de septiembre de 2019

Descargar el Declaración de la Asamblea de los Pueblos

El mundo está en llamas. Vivimos en un mundo de desigualdades profundas, en emergencia climática, con una crisis de derechos humanos y un espacio cívico cada vez más estrecho, en el que la violencia se prolonga y normaliza cada vez más. Vivimos en un mundo en el que hay una crisis de rendición de cuentas y de gobernanza. En 2019, un vez finalizada la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), nos entristece la persistente falta de voluntad y liderazgo político para siquiera empezar a abordar estas cuestiones. Esto no es suficientemente. Esto es un fracaso.

Somos más de 300 delegados y delegadas representando a miles de movimientos y organizaciones y a millones de personas de todo el mundo.

No deberíamos necesitar una Asamblea de los Pueblos paralela a la Asamblea General, la Cumbre sobre la Acción Climática y la Cumbre de los ODS. La AGNU y los Estados Miembro deberían servir a sus pueblos, no trabajar para reforzarse a sí mismos. Nos estamos uniendo porque no se escuchan nuestras voces, nos deniegan el acceso y una participación significativa, no se integran nuestras recomendaciones. En algunas regiones, ni siquiera tenemos derecho a la información, a la libertad de prensa o a poder expresarnos.

Vivimos en un mundo de movimientos y comunidades desafiantes, valientes y de principios. La sociedad civil no seguirá tolerando este fracaso político continuo y los acuerdos no vinculantes de los  gobiernos que prolongan las situaciones habituales, sin cambios, en vez de una transformación sistemática. Aunque extendemos nuestra oferta para trabajar con los gobiernos, les haremos un llamamiento y les obligaremos a rendirnos cuentas, ya que estamos unidas por las personas y por el planeta. No dejaremos que se queme nuestro mundo, protegeremos a nuestros hijos e hijas, las personas excluidas, y defenderemos los derechos de todas las personas, también protegiendo nuestro derecho a un espacio cívico, a la democracia y a la participación política. Las voces y la acción de la juventud  son críticas para lograr esas metas. Es necesario poner ya los procesos y el liderazgo político al servicio de las personas y su resiliencia. Mientras leemos esto, se está asesinando a defensores y defensoras, activistas ambientales y de los derechos humanos y están ardiendo los bosques de la Amazonia, los del África Central y los de Siberia, los pulmones del planeta. Las desigualdades, la pobreza, las discriminaciones y las exclusiones persisten obstinadamente, con más de 730 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza, mil millones que no tienen acceso a la electricidad, dos mil setecientos millones que no lo tienen a instalaciones limpias para cocinar y más de 820 millones que siguen padeciendo hambrunas todos los días. Además de más de 260 millones de personas que en todo el mundo sufren exclusión y discriminación diariamente con base en unas supuestas castas y etnias. Una cantidad desproporcionada de entre estas personas son mujeres y niñas, que también sufren violencia y feminicidios de manera rutinaria y normalizada. Nuestro sistema económico global está siendo un fracaso para la mayoría de nuestras poblaciones, exigimos un cambio estructural y sistemático fundamental para dar servicio a la mayoría, no a la minoría, de manera que se antepongan las personas a las corporaciones, la codicia y el beneficio económico.

El mundo está inmerso en una crisis climática y nos enfrentamos al peligro inminente de extinciones en masa con unas pérdidas de ecosistemas y biodiversidad sin precedentes. Ya hay impactos irreversibles y graves en las vidas de las personas y en sus medios de subsistencia, dándose la paradoja de que las poblaciones más afectadas son las que menos han contribuido para crear esta situación, y sin embargo son quienes se encuentran más excluidas y empobrecidas, incluyendo a las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades racializadas, la juventud, las personas con discapacidades y las que viven con el VIH.

En todo el mundo los populismos, los nacionalismos y los grupos de extrema derecha están movilizando a poblaciones dominantes para atacar a las más vulnerables. Los valores democráticos están bajo presión por hombres fuertes y poderosos pero irresponsables que atacan a la sociedad civil y a los medios como no se había visto hasta ahora y a menudo de manera brutal. Para mejorar el estado de la democracia nacional, como sociedad civil tenemos que desarrollar y defender nuevos estándares de gestión electoral, instituciones que sean independientes, que no se encuentren bajo el control político y que estén sujetas a la rendición de cuentas de la democracia, así como nuevos estándares para que los periodos electorales se mantengan libres de desinformación e interferencias ilícitas.

Nuestras prioridades: La Asamblea de los Pueblos ha identificado los retos más urgentes de nuestro mundo; exigimos que los líderes mundiales emprendan acciones relativas a estas prioridades globales que afectan a cada criatura viviente en el planeta.

 

PAZ Y CONFLICTO

A día de hoy, hay 40 países que se encuentran en conflicto activo. 92 países se han vuelto menos pacíficos a lo largo de la década pasada. [1] La violencia causa 1,6 millones de muertes cada año en el mundo entero. [2] Estos problemas, relacionados con el ODS16, sustentan toda la Agenda 2030. Los progresos en el ODS16 han sido lentos y, en muchos casos, se han revertido. Lograr progresos en toda la agenda de los ODS requiere que las sociedades sean pacíficas y no tengan conflictos, así como instituciones que sean transparentes y responsables y sistemas judiciales funcionales.

La reunión reafirma el apoyo y la adhesión a la Declaración de Roma de la Sociedad Civil sobre el ODS16+, que emite un llamamiento para actuar con rapidez. Para conseguirlo, ha de haber más variedad de partes interesadas implicadas y consultadas en los procesos de paz, justicia y gobernanza a todos los niveles, teniendo en cuenta las poblaciones más marginadas, incluyendo a las mujeres y las niñas, los jóvenes, las minorías, las personas con discapacidades, los LGTBQI, las personas que viven con el VIH y quienes están discriminados por motivos de trabajo y de origen. La sociedad civil ha de permanecer unida para contrarrestar la creciente ola de nacionalismo y de tendencias autocráticas, desigualdades estructurales y marginación que aumentan los riesgos de violencia y conflicto.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluyendo los estados, los agentes multilaterales y la sociedad civil para que:

  • Adopten las recomendaciones de la Declaración de Roma.
  • Apliquen, de manera significativa y eficaz, la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad (WPS, Resolución 1325) garantizando que las mujeres y los grupos de la sociedad civil estén incluidos a todos los niveles y en todas las vías de construcción de la paz y los procesos de paz.
  • Aborden las causas raíz de los conflictos y de la violencia, incluyendo la desigualdad estructural, el nacionalismo y la gobernanza autocrática, mediante inversiones significativas y compromiso e implicación con quienes se encuentran en situación de mayor riesgo.
  • Mejoren todos los instrumentos y los espacios de diálogo para curar heridas y evitar conflictos, promoviendo una cultura inspirada en la justicia de transición y de reparación.

 

CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

Estamos inmersos en una emergencia climática. Nos enfrentamos a un peligro inminente de extinciones en masa de nuestros ecosistemas, pérdida de biodiversidad e incluso más sufrimiento humano. Si seguimos así, no alcanzaremos los compromisos establecidos por los gobiernos en el Acuerdo de París. No mantendremos el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados Celsius, lo que empujará a 100 millones de personas a la pobreza, destruyendo el trabajo de los ODS. Quienes están en primera línea frente a esta emergencia climática son quienes menos han contribuido a crearla, y a menudo ya son las comunidades más marginadas y más empobrecidas. Se enfrentan a fenómenos meteorológicos extremos e impredecibles que destruirán sus medios de vida, sus hábitats y sus tradiciones. Entre estas personas hay mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, minorías, quienes se enfrentan a la discriminación por motivos de trabajo o por su origen, ancianos, personas con discapacidades y personas que viven con el VIH.

Aunque todos debemos mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático, la responsabilidad principal reside en quienes nos han colocado en esta situación en primer lugar. Los países desarrollados han sido negligentes y son quienes más responsabilidad tienen a la hora de dirigir el cambio que necesitamos con tanta urgencia. Además, cuentan con la capacidad técnica y financiera para asumir el liderazgo y apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia las economías resilientes y bajas en carbono. Los ajustes graduales y las soluciones tecnológicas falsas no son suficiente. Necesitamos cambios sísmicos en el actual sistema político, económico y financiero impulsado por los combustibles fósiles. Necesitamos más inversión en adaptación y resiliencia. Tenemos que trabajar para recuperar nuestros sistemas alimentarios de las garras de las poderosas agroindustrias corporativas que han concentrado tierras y riqueza en menos manos cada vez, han motivado en gran parte el cambio climático, la deforestación y la pérdida de suelo.

Las preocupaciones sobre el clima y el medio ambiente han de racionalizarse significativamente en todos los sectores, público y privado, para que la actividad humana en la tierra se oriente de manera colectiva hacia el Acuerdo de París. Los derechos humanos deben estar en el centro de nuestro trabajo sobre cambio climático. Se debe reconocer que pueblos diferentes se enfrentan a vulnerabilidades singulares ante el cambio climático y que tienen voces únicas y soluciones para compartir. También se deben reconocer las amenazas particulares a las que se han de enfrentar los defensores del medio ambiente, incluidas las mujeres. Se debe reconocer el trabajo incansable que llevan a cabo quienes están en primera línea frente a la emergencia climática para proteger el medio ambiente. No puede haber justicia climática sin justicia de género, sin salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y sin una transición justa que construya resiliencia sin dejar a nadie atrás. Debemos perseguir enfoques como la agroecología, que trabajan con la naturaleza en vez de contra ella, y devolver el poder y el conocimiento a las manos de los agricultores.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para que:

  • Pongan más y mejores recursos humanos y financieros para procesos de planificación con una perspectiva de género, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), los Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) y tanto los planes de Reducción del Riesgo de Desastre (DRR) como los de resiliencia.
  • Garanticen que las mujeres y los grupos marginados sean claves en la toma de decisiones y los procesos de implementación de los NDC, los NAP, los DRR y los planes de resiliencia, incluyendo el liderazgo de la agenda.
  • También hacemos un llamamiento a los grandes emisores de los países desarrollados, para que aumenten el apoyo financiero que les ha sido encomendado, incluyendo la más que duplicación de sus compromisos previos en el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), aceleren la transferencia de tecnología y aumenten la capacidad de resistencia con el fin de apoyar las acciones de mitigación y adaptación que tengan una perspectiva de género, estén centradas en los derechos humanos y sean inclusivas por parte de los países en desarrollo. Esto incluye hacer que la financiación internacional al clima sea directamente accesible para las organizaciones de la sociedad civil y para aquellos que se encuentran en primera línea de la emergencia climática.

Hacemos un llamamiento internacional (incluyendo a las Naciones Unidas) para que:

  • Haga lo necesario para que el Acuerdo de París sea legalmente vinculante y desarrolle un mecanismo de cumplimiento para los países que rompen sus compromisos.

 

DESIGUALDAD

Estructuras económicas

Las políticas económicas y los mercados financieros actuales han motivado la incapacidad de los estados para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos, salvaguardar frente al abuso corporativo, garantizar un comercio justo y con perspectiva de género, redistribuir la riqueza y el poder, garantizar que los pueblos son resilientes a los impactos y después de los impactos, y para hacer cumplir la Agenda 2030. El cumplimiento efectivo y democrático de los ODS se articula sobre la protección social universal de propiedad y prestación públicas, incluyendo los servicios públicos, para acabar con los riesgos y las lesiones en el mundo laboral y garantizar el acceso a un trabajo digno, redistribuyendo la prestación de cuidados y el trabajo doméstico, en su mayoría realizado por mujeres y en ambos casos no retribuidos, y las acciones y la financiación para la justicia climática. Los sistemas de comercio y de producción, así como la innovación en ciencia y tecnología, han de ser coherentes con una dignidad humana sostenible.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a la sociedad civil para que:

  • Garanticen que el comercio y las inversiones internacionales reduzcan la pobreza y protejan los medios de subsistencia de las mujeres, los derechos de las tierras, la soberanía alimentaria y el entorno natural.
  • Desarrollen políticas y procedimientos fiscales progresivos para garantizar que se ponga a disposición el nivel de financiación correcto para dotar y mantener servicios públicos con perspectiva de género y que se refuercen los instrumentos coordinados para evitar la evasión y el fraude internacional de impuestos y los flujos ilícitos a través de paraísos fiscales.
  • Proporcionen regulaciones adecuadas de los mercados financieros para evitar los efectos perversos de los mercados de derivados y las especulaciones en los precios de los productos básicos, que afectan a las condiciones económicas de millones de pequeños agricultores y al acceso a los alimentos para las personas en situación vulnerable.
  • Reafirmen la necesidad de reformas multilaterales para democratizar la gobernanza económica global, como un mecanismo de renegociación de la deuda a nivel mundial, una comisión fiscal intergubernamental en la ONU y un mecanismo de evaluación tecnológica global.
  • Definan un marco global para proteger la privacidad, los datos personales y el derecho a la información en el mundo digital, haciendo que las empresas digitales sean responsables de su incumplimiento y protejan a las mujeres, la juventud, los derechos de los trabajadores y agricultores, en el camino hacia la digitalización de la fabricación, la agricultura y los servicios.
  • Promuevan un mecanismo global y regional que sea participativo, inclusivo y transparente para la evaluación de las tecnologías digitales antes de que se desarrollen y se desplieguen.

 

TRABAJO DIGNO Y ORIGEN – SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

El trabajo digno es fundamental para el desarrollo y la dignidad humana. Las personas más pobres y marginadas del mundo siguen sin tener acceso a un trabajo digno. Hay muchos motivos detrás de este hecho: pobreza extrema, género y la exclusión debida a una posición en sistemas jerárquicos sociales existente en algunos países. Estos constituyen grupos de población (p. ej. el pueblo gitano en Europa, los Burakumin en Japón, la comunidad Quilombola en Brasil, la comunidad Bantú en Somalia, los Haratin en la región del Sahel y los Dalits en el sudeste asiático) que han sido históricamente excluidos de los ámbitos social, económico y político y relegados a los estamentos más bajos de sus sociedades. Se les prohíbe cualquier implicación o compromiso social significativo, están obligados a realizar trabajos forzosos o a la esclavitud y no forman parte de los procesos de toma de decisiones. Se enfrentan a graves formas de violencia física, económica y psicológica y a muchas otras violaciones de los derechos humanos. Son las mujeres y las niñas quienes han de soportar las peores formas de violencia. La interseccionalidad de mujeres, niños, jóvenes, ancianos, LGBTQI y personas con discapacidades o con VIH, entre otros, enfrenta múltiples formas de discriminación y violencia, lo que les hace vulnerables entre los más vulnerables.

Las comunidades que sufren discriminación en base al trabajo y al origen (DWD, por sus siglas en inglés) están formadas por más de 300 millones de personas en todo el mundo y supondrían el 7º país más grande si se las contara a todas juntas. Histórica e intergeneracionalmente, se excluye a las personas que sufren DWD por su posición sociopolítica en los sistemas jerárquicos sociales que imperan en los países. Estos sistemas impiden el desarrollo socioeconómico y político de las comunidades mediante sistemas de exclusión que se han ido cementando a lo largo de la historia. También hay discriminaciones interseccionales, en las que las mujeres, los niños y niñas, la juventud ylas personas con discapacidades, entre otros, se enfrentan a una superposición de formas de discriminación y violencia, lo que les hace aún más vulnerables entre las comunidades más vulnerables. Sin embargo, pocas veces se considera a estas personas particularmente marginadas en el trabajo de desarrollo.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que:

  • Ratifiquen e implementen los convenios vinculantes de la OIT en materia de trabajo digno y erradicación de la violencia de género en el puesto de trabajo.
  • Garanticen la legislación y las políticas que defienden la necesidad de trabajo digno como derecho fundamental, también a través de una implantación específica de leyes, intervenciones y presupuestos.
  • Garanticen los ODS y otros procesos internacionales que reconocen la DWD como forma de discriminación.
  • Garanticen políticas y mecanismos de protección para las comunidades DWD.
  • Faciliten datos desagregados sobre progresos realizados, no solo en la identificación de las comunidades DWD, sino también en lo relativo al acceso a servicios, asignaciones presupuestarias, etc.
  • Implementen intervenciones efectivas y orientadas sobre educación, empleo, participación política, acceso a la justicia, acceso a los servicios y presupuestos.
  • Garanticen la participación en el espacio cívico y político de quienes se han quedado atrás.

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil para que:

  • Reconozca a estas comunidades y desarrolle estrategias específicas y acciones para ellas.

 

GÉNERO

La igualdad de género es crítica para todos los objetivos de desarrollo establecidos en los ODS. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI de todas las edades siguen siendo marginadas en todas las sociedades debido a que las estructuras e instituciones patriarcales las excluyen de los procesos de toma de decisiones, impiden su acceso a los derechos humanos básicos, restringen su movilidad y les ponen en riesgo de sufrir violencia de género. Seguimos viviendo en un mundo en el que 1 de cada 3 mujeres experimentará violencia a lo largo de su vida. Los grupos LGBTQI están especialmente expuestos a la violencia. Hay 500 millones de ancianas, en todo el planeta, cuyas necesidades y acciones a menudo se invisibilizan. El cambio climático, los conflictos, los desastres y otras violaciones de derechos humanos a menudo afectan a las mujeres y a las niñas primero y con más fuerza. Sin embargo, con gran frecuencia se las excluye de la toma de decisiones sobre cómo dar respuesta. Ya es hora de que se cumplan los derechos de las mujeres y las niñas, tal y como se establece en el ODS 5. Ha habido un progreso insuficiente en la mayoría de las barreras estructurales abordadas en el ODS 5, incluida la discriminación por parte de los sistemas estatales que deben defender sus derechos, así como las normas y tradiciones sociales de género que afectan su participación y calidad de vida. Las mujeres y las personas LGBTQI siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político. A pesar de las cuotas de representación de las mujeres a nivel político, a menudo son las mujeres más privilegiadas quienes alcanzan esos puestos. La mujer media en una sociedad, y mucho menos las más marginadas, generalmente están excluidas de esas oportunidades debido a la discriminación social y estructural que se lo impide. El trabajo femenino a menudo no se reconoce, no se remunera y, aunque se remunere, a las mujeres se les paga menos sistemáticamente que a los hombres, especialmente si las mujeres pertenecen a otros grupos marginados. Las mujeres están mucho más presentes en los trabajos precarios, en los que no se protegen sus derechos laborales y donde están incluso más expuestas a la violencia de género. El trabajo por la igualdad de género debe comprender y conocer las singulares barreras a las que se enfrentan las mujeres y los grupos LGBTQI, algo que se puede lograr si se utiliza una lente de análisis interseccional, lo que incluye considerar la superposición de barreras a las que se enfrentan quienes también experimentan racismo, discriminación por razones de edad, clasismo, discriminación contra personas discapacitadas, homofobia, heteronormatividad, aporofobia y otras formas de discriminación y opresión.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional, incluyendo la sociedad civil y los organismos multilaterales, para que:

  • Emprendan más medidas de seguimiento de los progresos en todos los ODS, especialmente el ODS 5, utilizando datos desagregados de género e identidad.
  • Demuestren más voluntad política y destinen más inversión para la reforma de las estructuras institucionales y sociales que marginan a las mujeres y las niñas de sus derechos humanos básicos, incluyendo, entre otros, su acceso a la justicia, a un trabajo digno y a la educación.
  • Aborden de frente la violencia contra las mujeres y las niñas, combatiendo el patriarcado a todos los niveles de la sociedad y garantizando el acceso a protección y a justicia.
  • Desarrollen mecanismos mejores y más inclusivos para garantizar que las mujeres tengan acceso a puestos de liderazgo en la política, el desarrollo y la construcción de la paz.
  • Garanticen la implementación de las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés).

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Las personas con alguna discapacidad están en especial situación de vulnerabilidad ante la  pobreza, la desigualdad y la violencia. Una de cada cinco de las personas más pobres del mundo vive con alguna discapacidad. Además, las personas con discapacidades están más expuestas a los impactos del cambio climático, como los desastres naturales que aparecen repentinamente, la inseguridad alimentaria y el derrumbe de infraestructuras. Las mujeres y las niñas con discapacidades son especialmente vulnerables a varios tipos de violencia, incluyendo violencia de género y violencia sexual tanto en tiempos de paz como de conflicto. En gran medida se excluye a las personas con discapacidades de los procesos políticos, de desarrollo y de construcción de la paz, y aun cuando estén incluidas, las voces y las necesidades de las mujeres y las niñas con discapacidades a menudo son invisibles. Para que los ODS se puedan alcanzar y sean efectivos, todos los debates y las acciones explícita y significativamente deben garantizar la inclusión de personas con discapacidades. Además, las resoluciones internacionales que están en marcha para apoyar los derechos de las personas con discapacidades no se están manteniendo.

Nuestras exigencias:

Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional, incluyendo la sociedad civil y los organismos multilaterales, para que:

  • Garanticen que todas las mediciones, los indicadores, las metas y los informes emprendan acciones para abordar la cuestión de las personas con discapacidades, incluyendo sus superposiciones con otros marcadores de identidad, como el género y la edad entre otros.
  • Garanticen que los datos sobre cambio climático y medio ambiente se estudian con la lente de la discapacidad.
  • Garanticen que los programas de ayuda humanitaria y de desarrollo se centren en las necesidades de las personas con discapacidades.
  • Defiendan los compromisos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), incluyendo el Protocolo Facultativo y la Observación General nº 3 sobre mujeres y niñas con discapacidades.

 

ESPACIO CÍVICO

La sociedad civil está sufriendo un grave ataque en 111 países. En todo el mundo, la represión del activismo cívico pacífico sigue de manera incesante, con el resultado de que solo el 4% de la población mundial vive en países que tienen un espacio abierto para la sociedad civil.

El deterioro del espacio cívico se refleja con mayor agudeza en la censura sistemática, las violaciones generalizadas del derecho a la libertad de reunión pacífica y al acoso, la intimidación y la detención de activistas de la sociedad civil.

Aquellos grupos de población más directa y frecuentemente sometidos a esta represión son los formados por periodistas, activistas de los derechos de las mujeres y líderes o lideresas indígenas. El activismo ambiental es la forma más mortífera y peligrosa de activismo en todo el mundo. Los y las defensoras ambientales, incluyendo líderes y lideresas indígenas, en defensa del agua y activistas por el clima, tienen tres veces más posibilidades de ser asesinados y asesinadas que activistas que trabajan en otros sectores. En 2018 se asesinó a al menos 164 defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. Los datos recabados por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos indican que los ataques a los y las defensoras que trabajan en las empresas y los derechos humanos también han aumentado a lo largo de los dos años pasados.

El espacio cívico es nuestro espacio, los Estados no pueden darlo o quitarlo. La represión del espacio cívico es uno de los indicadores más profundos de las intenciones de un Estado y de su capacidad para cumplir y mantener sus compromisos con los ODS. Ya no seguiremos aceptando estas violaciones de nuestros derechos.

A medida que la comunidad internacional se enfrenta a la sobrecogedora realidad de que no se encuentra en vías de lograr los objetivos establecidos en la Agenda 2030 ni los niveles de ambición exigidos por la ciencia para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5º, la ONU debe redoblar sus esfuerzos para proteger y promover el espacio cívico. Cada vez es más claro que sin una mayor implicación por parte de la sociedad civil en los procesos de las Naciones Unidas y a nivel nacional con los Estados miembros, las soluciones de base local imperativas para la transformación radical necesaria para lograr los ODS y revertir el cambio climático, seguirán siendo imprecisas y difíciles de alcanzar. Para reorientar la corriente hacia el mundo que queremos y el mundo con el que se han comprometido los líderes, se debe respetar y proteger a la sociedad civil.

Reiteramos el Llamamiento a la acción de Belgrado, que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que tomen medidas proactivas para revertir el estrechamiento del espacio para la sociedad civil, acabar con los ataques a los defensores de los derechos humanos y ampliar la participación democrática, incluyendo la participación en la Agenda 2030. Seguimos ratificando la declaración de la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana celebrada en Nueva York en septiembre de 2019, que subraya el derecho a tener una información y un empoderamiento plenos para poder participar significativamente en todos los procesos de toma de decisiones sobre el clima.

Nuestras exigencias:

  • Que los Estados explícita y públicamente reconozcan el valor intrínseco de la sociedad civil y la conexión entre una sociedad civil vibrante, incluyendo sus movimientos sociales, y el desarrollo social, político y económico de un país.
  • Que la comunidad internacional reconozca públicamente que los enfoques actuales para vigilar, documentar y hacer que los estados rindan cuentas de las violaciones de los espacios cívicos son insuficientes y deberán someterse a una auditoría seria y robusta.
  • Que se refuercen las estructuras existentes y se formen otras para garantizar que los y las ciudadanas del mundo tengan una mayor voz en los asuntos globales, incluyendo una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas y una Iniciativa de la Ciudadanía del Mundo de las Naciones Unidas.
  • La Agenda 2030 debe recibir un nivel de reconocimiento a la altura de la relevancia que tiene para la consecución de los derechos humanos, los ODS y la gestión de la inestabilidad, para lo que debe ser elevada a un nivel institucional más alto en la ONU. El trabajo para acabar con las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible requiere una prioridad mucho mayor en la ONU que la que tiene ahora, durante 8 días de Foro Político de Alto Nivel cada mes de julio bajo el auspicio del ECOSOC.

 

DECLARACIÓN FINAL

Personas de todo el mundo, en cada país, cada día, sufren los efectos superpuestos de la desigualdad, la pobreza, la violencia, la discriminación, la militarización, la degradación ambiental y la disminución de sus derechos. Ya no aceptamos esta situación como la norma. El cambio climático amenaza nuestra existencia y los niños y niñas y la juventud de todo el mundo nos llaman a apoyarles. Los movimientos populares, las comunidades y la sociedad civil nos comprometemos a ello. No alcanzaremos nuestros compromisos globales sin abordar el cambio climático.

Los sistemas económicos, financieros y políticos están concentrando poder y riqueza en manos de unos pocos, favoreciendo a un número limitado de personas, países y empresas. La naturaleza es nuestro soporte vital: cuando se degrada, contamina y usa en exceso, hay impactos desastrosos para nuestra seguridad alimentaria, suministro de agua, calidad del aire y para nuestra economía.

Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo para que satisfagan nuestras demandas con urgencia y determinación política. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que cumplan con los compromisos globales alcanzados en 2015 en relación con el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de las Mujeres, la Paz y la Seguridad (WPS, por sus siglas en inglés) (Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y cumplan con la Agenda 2030. Es imprescindible que los gobiernos aborden la  interconexión de estos acuerdos incluyendo los acuerdos sobre financiación.

Nos comprometemos a trabajar con nuestros gobiernos para cumplir con estas demandas, nos comprometemos a hacer que nuestros gobiernos rindan cuentas sobre estas demandas, y nos comprometemos a señalar las diferencias entre los compromisos públicos y las realidades locales.

Nuestro mundo está en llamas. Nos comprometemos a hacer todo lo posible para apagar ese fuego, para que podamos vivir en paz, con dignidad y dentro de los límites del planeta.