El 26 de septiembre del año 2020 se cumplió el plazo límite establecido para que los Estados de América Latina y el Caribe firmaran el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el proceso cerró con 24 países que lo han firmado y 10 que lo han ratificado, siendo necesario que 11 países lo ratifiquen para que entre en vigor.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional vinculante que busca dar fiel cumplimiento a Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo y tiene como propósito principal, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Este último elemento es trascendental para la región, teniendo en cuenta que según el Informe 2019 de Global Witness, es la región más peligrosa del mundo para defender el ambiente y la tierra.

La ratificación, adhesión e implementación del Acuerdo de Escazú en la región es una oportunidad única para avanzar en la democracia y gobernanza ambiental, garantizando así la protección de los bienes comunes naturales y los derechos ambientales de las personas, con especial atención a los grupos y personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, un aspecto clave para asegurar que nadie se quede atrás.

Desde las redes de sociedad civil, los movimientos sociales y los espacios ciudadanos que impulsan la implementación del Acuerdo de Escazú, hacemos el urgente llamado a los Estados de la región de América Latina y el Caribe, a que ratifiquen o se adhieran al Acuerdo, para dotar a sus países de un instrumento robusto que permita avanzar en democracia y gobernanza ambiental. La crisis ambiental y climática en que nos encontramos desde hace décadas y ahora la pandemia por COVID19 pone de manifiesto la urgencia de trabajar en el cuidado de la naturaleza para asegurar la salud del Planeta y de la humanidad.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú enviaría un fuerte mensaje hacia la opinión pública nacional e internacional sobre el compromiso de la región con los derechos humanos en asuntos ambientales y abriría posibilidades de Cooperación Internacional, Cooperación Sur-Sur y Triangular en materia ambiental hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Es necesario que la región eleve su nivel de compromiso ético y voluntad política con el ambiente, fortalecer la dimensión ambiental de las políticas nacionales y los compromisos internacionales de los Estados debe ser una prioridad para la gestión pública gubernamental y estatal en la región.

¡Escazú Ahora!

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