La primera cumbre (COP1) anual del Acuerdo de Escazú, un tratado de derechos ambientales, un acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – se llevó a cabo en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile del 20 al 22 abril de 2022, donde la sociedad civil resistió con éxito los intentos de reducir el espacio para su participación y exigió más espacio para las comunidades indígenas. Fue presentado por el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, que busca devolver al país el papel de liderazgo que desempeñó durante el desarrollo del tratado, del cual la administración anterior se alejó al negarse a ratificarlo.

La COP1 de Escazú ofreció una oportunidad para que el público participara y presentara sus argumentos junto con los representantes estatales; se eligieron seis “representantes del público”, en su mayoría activistas socio ambientales o miembros de organizaciones que trabajan por la transparencia y la participación en asuntos ambientales. Su función era actuar como puente entre la sociedad civil en general y los representantes estatales sentados en la mesa de negociaciones.

A todos los participantes registrados también se les permitió el derecho a hablar, con una gran presencia de jóvenes activistas y defensores de los derechos humanos indígenas que hicieron que el evento fuera mucho más democrático que la norma.

La cumbre se centró en tres artículos del acuerdo: las reglas para su implementación, incluidos los mecanismos para una participación pública significativa; el financiamiento necesario para su operación e implementación; y el establecimiento de un Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento, este comité será integrado por siete miembros independientes de los Estados Parte, se encargará de recibir casos en que las comunidades sientan una contravención del tratado y de entregar recomendaciones a los países para hacer cumplir los cuatro principios centrales del Acuerdo: garantías para la participación ciudadana, acceso a la información pública, acceso a la justicia y protección y resguardo para las y los defensores ambientales.

La COP1 acordó los elementos básicos de este comité: estará integrado por personas expertas las cuales serán seleccionados en la COP2, prevista para el próximo año en Argentina y trabajará en colaboración con la sociedad civil, la cual podrá llamar la atención sobre los incumplimientos de los Estados También podrá adoptar medidas de protección para los defensores ambientales que den la voz de alerta sobre violaciones de las obligaciones de los Estados bajo el acuerdo.

Cada Estado podría proponer candidatos a ocupar los siete asientos de este Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, pero la sociedad civil también lo puede hacer. Tiene que sesionar tanto de forma virtual como presencial y podrá recibir casos un año después de conformado su organigrama definitivo. La fecha de elección de sus integrantes aún no está definida.

Políticamente la primera COP fue muy importante porque renovó el compromiso político con el Acuerdo de Escazú. De allí surgieron varias decisiones importantes, como las reglas de trabajo del Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento. También surgieron reglas para futuras COP, incluido un capítulo sobre cómo el público, la sociedad civil, puede participar en las COP. Además, se elaboró ​​una Declaración sobre el tema de defensores ambientales en América Latina y el Caribe, que crea una Mesa de Trabajo, un Foro anual y un Plan de Acción para la implementación de Escazú.

Se elevaron voces en demanda de una mayor inclusión en el proceso de los pueblos indígenas, y no solo de los grupos alineados con sus gobiernos. Nadino Calapucha, un joven líder kichwa de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas de Ecuador, destacó que Escazú aún no tiene un vocero de los pueblos indígenas, un descuido flagrante en una región donde los pueblos indígenas están al frente del daño ambiental, la acción y represión, así mismo reclamaron presencia en la mesa directiva, así como poder tener representación y derecho a voto.

La sociedad civil presiona para la ratificación. Todos los países cuentan con redes y grupos de la sociedad civil que trabajan para compartir el Acuerdo de Escazú entre las comunidades y presionan para que los gobiernos lo firmen, ratifiquen e implementen.

Chile, un país que junto con Costa Rica lideró el proceso del tratado durante años, se negó a ratificar Escazú bajo el presidente derechista Sebastián Piñera, pero bajo su nuevo gobierno el Martes 31 de Mayo de 2022, Chile ratifica el Acuerdo de Escazú, el proceso terminó con todas sus etapas legislativas, siendo aprobado en la sala del Senado por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones; así el acuerdo de Escazú se convierte en el primer tratado y proyecto de ley en temas medioambientales del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en obtener luz verde.

Bajo la presión de la sociedad civil, el presidente saliente de Colombia también envió un proyecto de ley de adhesión al Congreso, pero se mostraron reacios a aprobarlo. Días después de la finalización de la COP1, el Senado finalmente lo discutió y le dio su aprobación preliminar. Si el candidato progresista Gustavo Petro gana las próximas elecciones presidenciales, aumentarán las esperanzas de una rápida ratificación.

El Salvador, a pesar de la continua promoción de la sociedad civil, el presidente populista Nayib Bukele ha rechazado sistemáticamente la ratificación, se opone a Escazú y no desea convertirse en un estado parte.

En Honduras, decenas de grupos comunitarios y OSC han trabajado sin descanso dentro y junto a la Red Hondureña por el Acuerdo de Escazú para promover y discutir el acuerdo e instar al gobierno a ratificarlo. Con el nuevo Gobierno que se eligió a inicios del 2022 finalmente se ha comenzado a mostrar signos de voluntad de unirse a Escazú.

Pese a que Bolivia es el país con mayor porcentaje de población indígena en América Latina y el Caribe, durante la Conferencia de las Partes (COP1) presentó una propuesta que excluye a los pueblos originarios.

Bolivia solicitó eliminar el inciso que contempla la participación del público en la mesa directiva. Al final del día Bolivia cedió en las negociaciones y se acordó aprobar la propuesta de reglas de procedimientos que propusieron los demás Estados partes en conjunto con la sociedad civil.

La realización de los derechos ambientales y la protección de los defensores ambientales no comienza ni termina con la ratificación de un tratado. Una vez que se gane la campaña por la ratificación, le espera una nueva batalla en curso a la sociedad civil, que solo puede esperar de manera realista avanzar poco a poco en la domesticación de los estándares internacionales y traducirlos en acciones que ataquen la raíz del problema de la criminalización y la violencia contra defensores ambientales: un modelo extractivista de desarrollo que prioriza el lucro por encima de las personas y el medio ambiente.

El proceso de convertir el Acuerdo de Escazú en acción ha tenido un comienzo prometedor, pero es solo el comienzo. La sociedad civil de toda la región seguirá participando en el proceso de Escazú para defender y ampliar su espacio y hacer realidad las ambiciones del acuerdo sobre el terreno, donde realmente importa.

Hacemos un llamamiento a los Estados de América Latina y el Caribe que aún no han firmado o ratificado el Acuerdo de Escazú que deben iniciar el proceso para hacerlo lo antes posible.