El paso de los huracanes ETA y IOTA por Centroamérica fue devastador. Nunca en la historia había ocurrido el hecho extremadamente improbable que dos huracanes de la más alta categoría – siendo IOTA el más fuerte de 2020 – golpeen la misma zona de la Costa Caribe, el mismo mes y con apenas 15 días de diferencia.

Los primeros impactos reflejan un aumento de la inseguridad alimentaria, pérdida de infraestructura, pueblos enteros totalmente enterrados, y el incremento de contagios de Covid-19. Vemos que la falta de acceso a espacios adecuados, a servicios de higiene y a medidas de prevención para los damnificados cataliza los contagios, y que los casos de violencia, violencia de género y separación de las familias en albergues se envuelven sobre el preocupante incremento de la pobreza y las desigualdades. Los países más afectados por el paso de los huracanes han sido Honduras, Nicaragua y Guatemala donde más de 200 vidas y miles de hectáreas de producción agrícola se han perdido. En menor escala Costa Rica, el Salvador y Panamá también han sido afectados.

En el actual contexto mundial, todos los países de ingreso medio de América Latina, siendo varios de ingreso medio-bajo, y en especial aquellos con profundas vulnerabilidades económicas, sociales, y naturales como el caso de los Centroamericanos, verán imposible salir de esta múltiple crisis bajo las condiciones actuales. Algunos países de esta región gastan menos del 5% de su PIB en salud; tienen menos de 1 cama por cada 1.000 habitantes y las tasas más bajas para camas de Cuidados Intensivos; más del 50% de su población vive en pobreza; tienen niveles de deuda externa entre el 45% y el 75%; y, dos de sus principales fuentes de ingreso reducidas casi a cero: el turismo y las remesas.

Como sociedad civil sostenemos que las iniciativas de la comunidad internacional para la recuperación son insuficientes y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica que está viviendo la región. Los criterios de la comunidad internacional exclusivamente relacionadas con la deuda externa del sector público deben ir más allá del indicador del PIB per cápita y considerar otras vulnerabilidades de los países al momento de acceder a financiamiento.

Por las anteriores razones, consideramos que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 (DSSI por sus siglas en inglés) no responde a las necesidades de Centro América. Además, su enfoque únicamente implica el diferimiento del problema fiscal actual e incrementará el peso del servicio de la deuda en los próximos años. Si la única opción a la que pueden acceder los países está supeditada a indicadores del PIB y una postergación del problema de deuda, no habrá salida para estos países.

Frente a este contexto regional nos pronunciamos frente a la comunidad internacional solicitando para los países de Centro América que han sido recientemente golpeados:

Una moratoria de la deuda externa que incluya a todos los acreedores (multilaterales, bilaterales y privados) y que permita avanzar hacia un proceso de reestructuración de la deuda;
Crear e integrar un Grupo Consultivo similar a aquel creado luego del paso del huracán Mitch en 1998 pero con la presencia de representantes de las organizaciones de pueblos originarios, mujeres, organizaciones sociales y comunitarias, a efecto de atender las imperantes necesidades y la reconstrucción de las áreas afectadas;
Que el destino de los recursos liberados y de los nuevos flujos sea para cumplir una agenda social desde las necesidades de la población frente a la crisis y que este apoyada por mecanismos de control social para vigilar el uso de los recursos.

Como Sociedad Civil organizada consideramos que estás demandas son las mínimas necesarias hacia una pronta, eficiente y participativa recuperación de los devastadores efectos de los desastres naturales que han agravado las vulnerabilidades prexistentes en la región centroamericana, como parte de un proceso de cambios sistémicos necesarios para superar la crisis.