GCAP desarrolló y firmó junto con varios cientos de organizaciones la siguiente declaración. Consulte también el sitio web de la campaña covidcitizenaction.org, donde también puede firmar la declaración.

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El mundo enfrenta un momento de crisis sin precedentes. La pandemia COVID-19 está empujando la resistencia de la humanidad al límite, teniendo grandes y amplios impactos en el tejido social, económico y ambiental del planeta.

La pandemia afecta especialmente a las personas mayores, a las personas con discapacidad y las personas con condiciones de salud preexistentes, y destaca la importancia de adoptar un enfoque que ofrezca sistemas de salud con recursos suficientes que respondan a la atención de la salud de todas las personas en todas las edades. Esta es una emergencia médica urgente que vislumbra la evidente fragilidad y las desigualdades subyacentes de nuestras sociedades, así como la necesidad crítica de sistemas de salud más fuertes, la provisión universal del derecho a la salud y la protección social para todas las personas, así como el desarrollo sostenible a largo plazo, tal como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil y personas voluntarias tenemos un papel fundamental que desempeñar al apoyar las acciones de la comunidad y garantizar que las personas más marginadas no se queden atrás, sobre todo en este momento crítico. Somos testigos de la rápida movilización de un gran número de personas voluntarias en muchas partes del mundo que se encuentran asegurando alimentación vital, suministros médicos y provisiones básicas que puedan llegar a aquellos más afectados.

Identificaremos las respuestas y acciones comunitarias en varios países y compartiremos las historias de las personas que lideran y están en la primera línea de respuesta ante esta emergencia que nos permitan no sólo aprender, sino inspirarnos. Sin embargo, esperamos que nuestros líderes globales se aseguren de abordar las siguientes medidas clave para construir un futuro más justo:

Desigualdades

La respuesta global a la pandemia no debe dejar a nadie atrás. A raíz de ello, hacemos un llamado a las Naciones Unidas y al G20 para que lideren un verdadero proceso multilateral que garantice fondos suficientes y disponibles a través de la OMS. Asimismo, que los gobiernos nacionales garanticen la provisión sanitaria universal gratuita, la asistencia social y el apoyo a quienes se ven directamente afectados por esta situación en todas las partes del mundo. Esto debe hacerse en igualdad, independientemente del estado legal de la persona, su edad, género, discapacidad o identidad, sin temor a la deportación o detención, criminalización, explotación o abuso. Los procesos deben ser transparentes, inclusivos, equitativos y responsables.

Hacemos un llamado a la cancelación inmediata de la deuda, adopción de mecanismos de alivios a la carga financiera e inversiones de ayuda a gran escala para financiar la prestación de servicios de salud pública universal y asistencia social en todo el mundo que garantice que la atención médica sea universal y gratuita para todas las personas. Llamamos a la materialización de las políticas financieras audaces, que incluyan a los bancos centrales para proporcionar recursos y liquidez a los gobiernos de manera coordinada para financiar sus esfuerzos que respondan a la crisis en su dimensión social y económica.

También pedimos a las Naciones Unidas y a los gobiernos que identifiquen con urgencia medidas para apoyar a quienes se encuentran en una posición económica frágil mediante el establecimiento de un fondo de recuperación global y la plena implementación de los beneficios de protección social universal y redes de seguridad en todos los países, incluido el establecimiento y apoyo de pisos de protección social.

Derechos cívicos

Nos preocupa que los poderes de emergencia se usen indiscriminadamente para restringir las libertades fundamentales de las personas, que se reduzcan las oportunidades para el diálogo público y la posibilidad de levantar la voz para la atención a la ciudadanía más vulnerable respecto a la edad y la discapacidad por parte de proveedores de servicios de salud y asistencia social. Algunos gobiernos están apuntando deliberadamente a quienes denuncian y a aquellas personas que comparten activamente información sobre deficiencias en la respuesta a la propagación del COVID-19 u otros defensores de los derechos humanos. El uso de poderes de vigilancia mejorados para restringir las libertades cívicas es un desafío clave que debe abordarse.

Todas las personas tienen derecho a la salud y a no ser víctimas de discriminación a lo largo de sus vidas. En tiempos de crisis, es posible que deban de tomar decisiones difíciles sobre quiénes reciben tratamiento médico. Ante ello, recordamos a los gobiernos que las decisiones sobre qué tratamiento reciben las personas deben basarse en las necesidades médicas, la evidencia científica y los principios éticos, como la equidad y la proporcionalidad.

Recordamos a todos los gobiernos que cualquier restricción al movimiento o la asamblea de las personas, debe ir de acuerdo a los estándares y a los compromisos internacionales de derechos humanos. Además, dichas medidas deben ser temporales, sujetas a revisión, e implementadas de acuerdo a las necesidades que presentan las evaluaciones de riesgo, dirigidas a garantizar la seguridad pública a la par equilibradas con las libertades fundamentales. En este sentido, apoyamos aún más el llamado de las Naciones Unidas a un cese al fuego global durante la pandemia y pedimos a los gobiernos que aliviar sanciones por asistencia humanitaria para las personas vulnerables en aquellos Estados bajo sanción. También pedimos redirigir el gasto militar a la protección social.

También solicitamos a las Naciones Unidas salvaguardar la libertad de expresión de aquellos que buscan resaltar los desafíos específicos que enfrentan las personas de cualquier origen que padecen COVID-19.

Derechos de las mujeres y justicia de género

Las mujeres juegan un papel descomunal en la respuesta COVID-19. Además, representan el 70% de la fuerza laboral de atención médica en el mundo y debe reconocerse que son trabajadoras que están en la primera línea de respuesta ante esta emergencia de salud. Por lo cual, deben estar protegidas y respaldadas de manera adecuada para hacer frente a los múltiples impactos de esta crisis. Por ello, pedimos a todos los gobiernos asegurar que todas las personas trabajadoras de salud y asistencia social estén debidamente capacitadas, equipadas, se les ofrezcan condiciones de trabajo seguras y decentes, y cuenten con los recursos adecuados, con ello incluido cerrar la brecha salarial de género del 28% en el sector de la salud al instruir la igualdad de remuneración inmediata por el mismo trabajo.

Los gobiernos también deben reconocer y abordar cómo los roles de género tradicionales afectan la forma en que las personas de todos los géneros y edades experimentan la crisis de COVID-19, reiterando que, como en epidemias del pasado, el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras de familiares enfermos las pone a ellas y a las niñas en mayor riesgo de infección.

Las anteriores emergencias de salud han causado una interrupción en los servicios médicos rutinarios, como el acceso a productos y servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a programas de vacunas y la provisión de atención de calidad. Esta interrupción de los servicios tiene graves consecuencias sobre la vida de millones de personas. Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos para salvaguardar la provisión de servicios de salud esenciales a través de sistemas de atención primaria y sistemas de atención médica universales que incluyan la salud sexual y reproductiva.

Observamos aumentos significativos en las tasas de violencia de género en los hogares durante los confinamientos, así como el acoso racial y sexual en las calles y lugares de trabajo (afectando desproporcionalmente a las mujeres y las niñas). La violencia de Estado y estrategias fallidas para afrontar el problema, mientras el enfoque se encuentra en atender la emergencia de la pandemia, puede poner en riesgo la vida de mujeres e infancia. Ante esto, hacemos un llamado a los gobiernos para que aumenten urgentemente la priorización y el financiamiento para prevenir y responder a la violencia de género (VBG) a través de dos vías: 1) Financiación de organizaciones especializadas en violencia de género para brindar iniciativas de prevención, refugios, líneas directas, apoyo psicosocial y legal; y 2) adoptar un enfoque multisectorial integrando la VBG en las respuestas al COVID-19.

Recomendamos que todos los fondos relacionados con COVID-19, incluidos los Fondos COVID-19 de las Naciones Unidas, tengan un enfoque y un marcador de género para que podamos rastrear y monitorear las actividades y las implicaciones que tendrán en el avance de la igualdad de género. Hacemos hincapié en que los gobiernos deben cumplir con los compromisos financieros y políticos con respecto a la salud y los derechos de las niñas y las mujeres, y no permitir que esta crisis aumente las desigualdades o revierta los logros obtenidos con tanto esfuerzo en la igualdad de género aplicando un marcador de género a todos los fondos.

Justicia climática y medioambiental

El aumento en el contacto entre humanos y animales silvestres como consecuencia de la pérdida de los ecosistemas, el desplazamiento de especies relacionado al cambio climático, los cambios en el movimiento de animales y humanos, así como el mantenimiento de prácticas como mercados de vida silvestre y tráfico ilegal de especies, sin duda alientan no sólo el brote, sino a la propagación más frecuente de pandemias.

El COVID-19 es resultado de la situación de presión en la que hemos puesto a la naturaleza, y el trato poco compasivo que damos a otras especies. Se ha argumentado, que el virus es un “llamado de atención de la naturaleza a la humanidad”. Esto no es sólo sobre la forma inadecuada en la que tratamos a los animales, sino también a elevados niveles de deforestación que están poniendo a la humanidad en contacto más cercano con el mundo natural. A diario, la biodiversidad está bajo ataque. Como sociedad civil, trabajaremos para compartir enfoques que nutran a la naturaleza y protejan la biodiversidad como parte intrínseca de la recuperación de la pandemia COVID-19.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para hacer una revisión urgente y avanzar en la prohibición del tráfico ilegal de especies y vida silvestre, y hacemos un llamado adicional a todos los gobiernos para detener la deforestación.

Asimismo, cualquier estímulo económico debe garantizar que la economía del futuro sea sostenible y justa, que aleje los subsidios de las industrias de combustibles fósiles y cree millones de empleos sostenibles. Los gobiernos están introduciendo importantes paquetes de estímulos fiscales y rescate económico con algunos países ya están diseñando la Fase II de su respuesta. Pero como el Secretario General de las Naciones Unidas y otros lo han dicho, necesitamos “recuperarnos mejor” en un momento en que existe un gran riesgo de que volvamos a las mismas prácticas y bloqueemos las altas emisiones de carbono e infraestructura. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan una hoja de ruta para el futuro que queremos ver, y esta pandemia nos ha enseñado que la coherencia de las políticas y el enfoque en la promesa de “no dejar a nadie atrás” son absolutamente críticos.

Los gobiernos se centran correctamente en la atención a la emergencia inmediata a través de estímulos y paquetes derescate. Sin embargo, deben asegurarse de incluir compromisos y medidas que permitan a cada país cumplir con sus obligaciones a la luz del Acuerdo de París, que aseguren que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan y continúen cayendo año tras año de aquí en adelante para colocarnos firmemente en el camino hacia la meta cero, con un calentamiento global limitado a 1.5 C por encima de los niveles preindustriales.

Una reconstrucción para mejor

Debemos estar listos y comprometidos para reconstruir mejor, guiados por los principios y los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre universalidad, colaboración, derechos humanos, interconexión y no dejar a nadie atrás. Se necesitan políticas de curso de vida basadas en el marco internacional de los derechos humanos, cohesión intergeneracional para brindar seguridad de ingresos, la mejor salud posible, vivienda digna, seguridad y disfrute de los derechos para personas de todas las edades.

Necesitamos un mayor estímulo económico que se sustente un nuevo contrato social entre las personas, los gobiernos y el mercado, que reduzca radicalmente la desigualdad, las desigualdades de género y siente las bases para una economía justa, equitativa y sostenible que funcione para todas las personas a lo largo de su vida.

En resumen, hacemos un llamado sobre los siguientes 12 puntos:

A las Naciones Unidas:

  • Conectar la respuesta inmediata y fondos de recuperación directamente con grupos locales bajo un “marco de género” para las mujeres, las personas marginadas, las organizaciones comunitarias y las empresas sociales que garantice que no dejemos a nadie atrás.
  • Proteger la libertar de expresión y apoyar enfoques innovadores para la libertad de asociación digital que garantice que se escuchen todas las voces.
  • Promover el cese al fuego global y apoyar a los gobiernos para redirigir el gasto militar hacia la protección social.
  • Solicitar la prohibición del tráfico ilegal de especies y vida silvestre, así como un alto a la deforestación.

A los Estados Miembros y las agencias donantes, una respuesta en el corto plazo que considere:

  • Proteger a trabajadores de la salud y trabajadores sociales en la primera línea de respuesta, asegurándose de que tengan acceso a condiciones de trabajo seguras, decentes y que cuenten con los recursos adecuados.
  • Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en las políticas y respuestas operativas frente al COVID-19.
  • Mantener compromisos financieros y políticos con un enfoque basado en los derechos humanos, en particular los derechos de las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género.
  • Implementar condiciones sociales y ambientales claras en cualquier estímulo financiero de emergencia para las empresas, como tratar a trabajadores de manera justa y reducir las emisiones de carbono.

A los Estados Miembros y las agencias donantes en el mediano plazo y en la fase de “recuperación”:

  • Impulsar un cambio sistémico hacia la asistencia sanitaria universal, los pagos de asistencia y la protección sociales que incluyan servicios esenciales como programas de vacunas, productos y servicios sexuales y reproductivos para todas las personas.
  • Cancelar las deudas nacionales para asegurar que haya suficiente financiamiento disponible los gobiernos para garantizar una recuperación justa.
  • Adoptar políticas tributarias más justas para aquellos que poseen la mayoría de los recursos en nuestra sociedad, junto con medidas para abordar los flujos financieros ilícitos para pagar estas protecciones.
  • Establecer incentivos para una revolución industrial feminista y verde que permita la ampliación rápida de empleos sostenibles.

Les invitamos a promover esta Declaración con el hashtag #COVIDCitizenAction en sus redes sociales.

El GCAP ha estado activo respondiendo a la crisis de Covid-19 – consulte la página de información de Covid-19 del GCAP para obtener recursos y declaraciones.