Los países de América Latina y el Caribe han jugado un papel relevante en el desarrollo de esta visión, a través de iniciativas multilaterales que dieron como resultado la adopción del único acuerdo legalmente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), el primer tratado ambiental en el región y el primero en el mundo en incluir disposiciones sobre defensores de derechos humanos ambientales.

“El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018, y negociado por los Estados con importantes representantes de la sociedad civil y compromiso público, confirma el valor de una dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible.

Podemos afirmar que este Tratado es innovador y hace una valiosa contribución a la gobernabilidad democrática al garantizar el derecho a la igualdad de género, al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible centrado en las personas y grupos vulnerables con un enfoque de igualdad, sin discriminación.

Este Acuerdo establece prioridades urgentes para la gestión y protección ambiental desde una perspectiva regional, regula los derechos de acceso a la información, participación pública, justicia en el uso sustentable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, lo que contribuye a una mayor confianza, estabilidad y transparencia en nuestras sociedades.

El proceso de firma, adhesión e implementación de Escazú en nuestros países

La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas también son cruciales para el desarrollo sostenible.

Tal interrelación e interdependencia, reconocida en el Acuerdo Regional, convierte al primer tratado regional de la CEPAL en una herramienta invaluable para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Este es un acuerdo regional porque involucra a países de una región específica -en este caso, los 33 países que conforman América Latina y el Caribe-, o los que finalmente lo ratifiquen, que nunca pueden ser menos de 11 para que entre en vigor.

A la fecha, la entrada en vigor del Acuerdo es inminente. 24 países lo han firmado y doce países lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana y Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Santa Lucía, Argentina y México).

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú tiene muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. La actitud desafiante de algunos aparatos estatales explica la creciente polarización social que existe en algunos países como Chile, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

El Acuerdo de Escazú es un acuerdo suscrito entre Estados, pero no establece obligaciones y derechos sustantivos entre Estados.

La entrada en vigor de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender la protección especial a quienes defienden el medio ambiente, es claramente urgente ante los efectos del cambio climático.

La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú envía un fuerte mensaje a la comunidad nacional e internacional sobre el compromiso de nuestra región con los derechos humanos en temas ambientales y abre espacios a la cooperación internacional para implementar los principios de la cooperación al desarrollo dentro de los planes nacionales, políticas, estrategias y programas ambientales y socioeconómicos formulados por los Gobiernos y Organizaciones sociales civiles (OSC) (agregar esto). Todas estas acciones son contribuciones importantes para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

El movimiento ambientalista, un símbolo en la región LAC

Hoy debemos defender nuestro territorio, nuestros derechos, nuestras tierras, nuestros cultivos, nuestros productos, nuestros mercados alternativos, nuestro derecho a la vivienda digna, al salario digno, y eso solo lo lograremos juntos y en resistencia. Siguen imponiendo el modelo extractivista y depredador de nuestros recursos naturales.

La integración de organizaciones de movimientos sociales, sindicales, feministas, juveniles, campesinas, de pescadores, artesanas, indígenas, de mujeres, ambientalistas y de migrantes, entre otras, es un proceso construido a partir de los intereses nacionales y sectoriales, la protección de los recursos locales, las relaciones humanas y solidarias entre los pueblos y la recuperación de su memoria colectiva. Se basan en principios democráticos, de paz, justicia social, desarrollo sostenible, identidad multicultural, autodeterminación, soberanía, justicia y solidaridad.

Desafíos de los gobiernos, sectores, organizaciones de la Sociedad Civil y la cooperación al desarrollo.

GOBIERNOS

• Fortalecer la dimensión ambiental de las políticas internacionales y los compromisos de los Estados debe ser una prioridad para los gobiernos y la gestión pública estatal en la región.
• Apropiación de los Acuerdos Internacionales, Regionales, Sectoriales – Acuerdo Escazú Región ALC – por parte de los Gobiernos para una mejor gobernabilidad e institucionalidad democrática.
• Definición de políticas ambientales y estrategias de desarrollo a nivel nacional y regional, sectoriales que permitan la implementación de los Acuerdos de Escazú.
• Creación de espacios de participación ciudadana en el diálogo político con inclusión de múltiples actores, para la implementación de la Agenda Ambiental y el Acuerdo de Escazú.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

• Proporcionar recursos a los gobiernos, ONG, sectores y OSC para la implementación de estrategias, políticas y programas ambientales.
• Implementar la cooperación Sur-Sur, multilateral y bilateral hacia la efectividad del desarrollo ambiental vinculado a los ODS/Agenda 2030.
• Reestructurar la Cooperación al Desarrollo en América Latina debido al fuerte aumento de la pobreza y la pobreza extrema como consecuencia del COVID-19 y los desastres naturales.

SECTORES, MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

• Desde las redes de la sociedad civil, movimientos sociales y espacios ciudadanos que impulsan la implementación del Acuerdo de Escazú, exhortamos a los Estados de la región de América Latina y el Caribe que aún no han ratificado o adherido al Acuerdo, a dotar a sus países de un instrumento robusto que permite avanzar en la democracia y la gobernanza ambiental.
• La crisis ambiental y climática que sufrimos durante décadas, y más recientemente la pandemia del COVID19, pone de relieve la urgencia de trabajar por la protección de la naturaleza para asegurar la buena salud de nuestro planeta y de la humanidad.
• Crear campañas y movilización social basadas en la sensibilización y difusión de las políticas ambientales y del Acuerdo de Escazú para contribuir a su implementación, con fiscalización ciudadana.
• Acompañar a Defensores de Derechos Humanos plenamente informados en la gestión de la agenda ambiental, apoyando la apertura de espacios cívicos.
• Un desafío fundamental para los movimientos sociales es su reconexión con la juventud de nuestra América, para estimular el diálogo y transmitir la experiencia generacional.

por Georgina Muñoz / RENICC Director – Nicaragua / ROA-LAC Miembro