Más allá de los efectos de la pandemia del COVID19, es muy evidente que está emergencia sanitaria ha venido a evidenciar las profundas desigualdades en las que viven nuestras sociedades, agravando las crisis globales en las que ya nos encontrábamos. En el caso de la región, además de estas situaciones, vivimos en un contexto de muchas amenazas y retrocesos en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

En la mayoría de países se continúan aplicando severas políticas neoliberales. Los Estados se han debilitado y se va priorizando el poder del mercado y sector privado (local y trasnacional) en la vida política, social y económica. La salud, la educación, las telecomunicaciones, y todas las empresas estratégicas para el desarrollo de un país están en manos privadas, generando mayor exclusión y limitando el acceso a los servicios públicos para la mayoría de la población, tan necesarios en una coyuntura como la actual.

Los niveles crecientes de desigualdad e inequidad se verán severamente afectados. De acuerdo a la CEPAL, la pobreza alcanzará más del 35% de la población regional (215 millones de personas), de las cuales, más de 85 millones de personas estarían en situación de extrema pobreza. Las mujeres y los pueblos originarios serán las poblaciones más afectadas por estas desigualdades.

En plena pandemia del COVID19, la gran mayoría de países incrementa su nivel de deuda a cifras escandalosas y totalmente impagables. De acuerdo al BID, el porcentaje de deuda superará el 62% del PIB regional, realidad que impactará aún más en nuestras golpeadas economías y nuevamente, llevando a que las políticas de ajuste estructural vuelvan a regir y condenar a nuestros pueblos.

Estamos en números rojos con respecto a la deuda con el ambiente. El cambio climático sigue profundizándose y sus efectos serán cada vez más devastadores. Se habla de la “recuperación económica” post pandemia, utilizando prácticas sumamente dañinas contra el ambiente, como incentivos para los combustibles fósiles o el carbón, que sin duda elevarán los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

A raíz de la llegada de gobiernos conservadores a Estados Unidos y Europa, la migración en sus diferentes manifestaciones se ha presentado como un problema de seguridad nacional, aplicando restricciones que violentan el derecho a buscar mejores alternativas de vida. Con la llegada de la pandemia, millones de estas personas perderán sus fuentes de empleo y quedarán en situación de mayor vulnerabilidad.

Es urgente y necesario corregir el rumbo y afirmar el compromiso ético y político por la creación de una sociedad diferente en Paz Sustentable Duradera. Plantearnos un cambio de modelo económico, que se oriente a preservar la vida con dignidad con la cual restablezcamos el orden natural y asegure el derecho a un futuro para las actuales y venideras generaciones, es un compromiso ineludible.

ANTE EL CONTEXTO DE CRISIS, PLANTEAMOS:

• Los estados como garantes de derechos deben implementar políticas públicas intersectoriales con transparencia para actuar con amplia participación de la sociedad civil, asegurando medidas para evitar la profundización de las desigualdades y la pobreza.

• La prevención y la protección de la salud de la población debe ser una prioridad, asegurando la plena vigencia de los derechos humanos según recomendaciones de la OMS y OACNUDH, y el equipamiento sanitario para el personal de salud y ciudadanía.

• En los próximos seis meses se debe garantizar el derecho a la alimentación y proveer alimentos a quienes no podrán obtenerlos por falta de ingresos; trabajadores, personas adultas mayores, mujeres rurales y jefas de hogar, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza. Es fundamental definir políticas de fomento a la soberanía alimentaria, ecológica y ambiental para al sector agrícola, agropecuario, campesino e indígena, en conjunto con movimientos y organizaciones sociales, cooperativas, redes de mujeres productoras del campo y la ciudad.

• Construir un estado de bienestar al servicio de toda la sociedad con inclusión de amplios sectores en situación de vulnerabilidad, a través de acceso pleno a salud, pensiones, trabajo remunerado, que fomente las economías alternativas como agroecología, economía social solidaria, economía del cuidado, economía feminista que demuestran sustentabilidad y resiliencia para erradicar pobreza y extrema pobreza.

• La gran empresa privada debe disponer de sus propios recursos para la reactivación de la economía, garantizando el empleo formal y la pensión de los trabajadores, cumpliendo con las políticas tributarias que deben ser de carácter progresivo.

• Es urgente implementar la justicia fiscal para erradicar las desigualdades ante la precarización de la vida, producto de la implementación de políticas neoliberales que violan los derechos humanos y profundizan la pobreza de nuestros pueblos, así como gravar el gran patrimonio, eliminar privilegios fiscales a las corporaciones privadas y destinar estos recursos a la existencia de un fondo de emergencia internacional (propuesto por el grupo de los países no alineados) para políticas sociales, sanitarias y económicas.

• Respaldamos el llamado de redes globales y regionales, presidentes de países en desarrollo e instituciones financieras sobre la cancelación de todos los pagos, intereses y cargo de la deuda externa soberana del año 2020 y demandamos financiamiento adicional para enfrentar las necesidades de protección social y crisis de salud ante el COVID19.

• Es urgente ante esta catástrofe que la cooperación internacional en especial la Cooperación Sur-Sur, destine recursos humanos y financieros para todas las acciones de ayuda humanitaria y protección social que demanda la población, impulsando acciones con organizaciones y movimientos sociales, no sólo con el sector privado.

• La integración subregional y regional en el mediano y largo es una oportunidad para el fortalecimiento de UNASUR, CELAC, SICA y ALBA, como espacios más autónomos y avanzar en la autodeterminación y soberanía de los pueblos; defender la paz y fortalecer la solidaridad, el internacionalismo y la lucha contra la corrupción implementando políticas económicas a través de amplios pactos sociales.

• Desde GCAP- LAC , nos disponemos a trabajar en la recuperación y construcción de procesos, modelos alternativos con los sectores con quienes trabajamos en los diferentes países , acompañándoles en su inclusión en las políticas públicas a través del diálogo, contraloría a instituciones públicas, organizaciones y movimientos sociales, posicionando realidades y propuestas en los espacios nacionales, regionales y globales con el fin de hacer prevalecer los derechos para erradicar la pobreza y desigualdades.

Fortalezcamos la solidaridad global y el internacionalismo entre los pueblos