17 de octubre de 2021 – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Millones de personas participaron en la Semana de Acción Mundial #Act4SDGs del 17 al 28 de septiembre de 2021 durante la Asamblea General de la ONU. El GCAP y nuestros socios organizaron asambleas populares en 28 países a nivel local y nacional. Las personas marginadas alzaron sus voces ante los gobiernos nacionales y los medios de comunicación. Pidieron un mundo caracterizado por la igualdad, sostenible para todos, donde nadie se quede atrás.

Las demandas fueron llevadas a Asambleas Regionales virtuales y a la Asamblea Mundial de los Pueblos del 21 al 23 de septiembre de 2021 – coordinado por GCAP en cooperación con 40 redes de la sociedad civil con 950 participantes. La asamblea acordó la Declaración de la Asamblea Mundial de los Pueblos 2021.

Hoy, el 17 de octubre del 2021, GCAP pide que se actúe sobre lo siguiente

1. Una vacuna popular

La cobertura de vacunación en los países de bajos ingresos es inferior al 2%, mientras que la gran mayoría de las dosis de la vacuna COVID-19 se han destinado a sólo diez países. Ninguna comunidad está a salvo de la pandemia, hasta que todos estemos a salvo. Ninguna nación puede reabrirse completamente, hasta que todas las naciones puedan hacerlo. La desigualdad en la vacunación tiene un inmenso impacto social y económico en los países con bajas tasas de vacunación.

Exigimos el acceso gratuito y universal a la vacuna del COVID-19 -así como a las herramientas necesarias para controlar la pandemia, incluidas las pruebas de diagnóstico; los medicamentos, el oxígeno y otros tratamientos; además de las máscaras y el equipo de protección personal- para todos, lo antes posible, pero no más tarde de junio de 2022. Para lograrlo, necesitamos una exención temporal inmediata de las protecciones de la propiedad intelectual sobre todas las tecnologías de COVID-19 (una «exención de los ADPIC») y exigir que los conocimientos técnicos de la vacuna se compartan lo antes posible para reducir el coste y aumentar la producción en todos los continentes como parte de un plan de emergencia para la cobertura universal.

2. Protección social

«Al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural», proclamó Nelson Mandela al inicio de la GCAP. «Está hecha por el hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos».

La proclama de Mandela es tan cierta hoy como lo fue en 2005. Con las políticas adecuadas, podemos transformar las esperanzas, los sueños y las vidas de todas las personas que han sufrido la injusticia de la pobreza y la discriminación.

Mantenga su promesa de acabar con la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un nuevo acuerdo que ofrezca protección social para todos. Los sistemas de protección social son un mecanismo probado, directo y de acción rápida para acabar con la pobreza y reducir las desigualdades. Dos expertos independientes en derechos humanos de la ONU han pedido un Fondo Mundial de Protección Social. Tenemos que crearlo ya.

Aunque la financiación y el apoyo internacionales son importantes, no sustituyen la responsabilidad de los gobiernos nacionales y locales de financiar pisos de protección social nacionales basados en los derechos. Los gobiernos nacionales deben poner el dinero en manos de las personas que más lo necesitan. También deben garantizar que los estudiantes de las comunidades de bajos ingresos y marginadas, especialmente las niñas, no se queden atrás durante los periodos de educación en el hogar. La protección social es un derecho, no una zanahoria para conseguir favores políticos ni un palo que retener para castigar a los enemigos políticos.

3. Justicia climática

Los paquetes de recuperación de COVID-19 representan una gran oportunidad para que el mundo «reconstruya mejor» abordando la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, y en particular su impacto en las comunidades marginadas y excluidas, los refugiados y los migrantes, las mujeres y los jóvenes.

Anteponer las personas y el planeta a los beneficios y respetar los derechos de la Madre Tierra. Cumplir y superar los compromisos del Acuerdo de París. Trabajar para garantizar que la temperatura global no aumente más de 1, 5° C. Dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Eliminar y reasignar las subvenciones pagadas a la industria de los combustibles fósiles. Dejar de construir nuevas centrales de carbón y retirar el parque existente.

Los países ricos deben financiar la transición energética, proporcionar fondos para prevenir y recuperarse de las calamidades y cumplir su compromiso de aportar al menos 100.000 millones de dólares anuales para la financiación del clima. Esta ayuda debe proporcionarse en forma de subvenciones, no de préstamos que induzcan a la deuda

4. La financiación de la igualdad sostenible y el riesgo de la austeridad

Ahora más que nunca se necesitan políticas sanitarias y de protección social sólidas, incluida la financiación para garantizar una educación de calidad para todos. Sin embargo, el FMI y los gobiernos de todo el mundo están optando por medidas de austeridad que socavan la recuperación, recortan los servicios y dan prioridad al pago de la deuda. La austeridad es una política mortal que pone en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La austeridad tampoco es necesaria: hay muchas políticas alternativas para pagar los programas de vacunación, la protección social, la justicia climática y para equilibrar los presupuestos. Entre ellas:

• Derechos Especiales de Giro (DEG) – El Fondo Monetario Internacional emitió 650.000 millones de dólares de «Derechos Especiales de Giro» en agosto de 2021 para impulsar la liquidez mundial y «ayudar a los países a hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19». Los derechos especiales de giro pueden parecer técnicos, pero su creación supone una fantástica oportunidad para financiar las vacunas y la igualdad sostenible para todos.Por favor, asignen estos recursos adicionales para garantizar que las comunidades marginadas se beneficien de las asignaciones de los DEG. Cuando estos fondos se invierten en programas de salud pública y protección social, las personas de las comunidades excluidas deben participar en los programas y procesos, de principio a fin, para garantizar su éxito. Las naciones ricas no necesitan las reservas adicionales; deben donarlas a los países que necesitan los fondos para luchar contra la pandemia y financiar la igualdad sostenible. Los países de renta baja y media deben invertir los DEG en su población, especialmente en la más vulnerable y marginada; no deben dejarse en las reservas ni utilizarse como garantía para financiar más deuda. Se necesitan más DEG para luchar contra la pandemia: el FMI debería emitir 3 billones de DEG.

• Justicia fiscal – Más de 130 países han respaldado un plan para establecer un tipo impositivo global mínimo efectivo del 15%. Este tipo es demasiado bajo. Estamos de acuerdo con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas, que propone un impuesto mínimo mundial de sociedades del 25%. El otro gran problema es que esta reforma no frenará eficazmente el traslado de beneficios. Eso significa que principalmente unos pocos países ricos recibirán los impuestos adicionales. Especialmente los países de menor renta pierden sus ingresos fiscales. Además, hay lagunas que permiten a las empresas financieras, petroleras y otras de las industrias extractivas evitar el pago de su parte justa. Estas lagunas deben cerrarse, al igual que los paraísos fiscales y la evasión fiscal. También existe la oportunidad de promulgar los impuestos sobre las transacciones financieras en el comercio de divisas, acciones, bonos y derivados que podrían generar al menos 200.000 millones de dólares al año.

• Cooperación al desarrollo – Hace más de 50 años, los países de la OCDE se comprometieron a destinar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo. A pesar de haber reafirmado esta promesa muchas veces, no se está cumpliendo ni la mitad de lo prometido. Países donantes: ¡cumplan su promesa! Proporcionen una ayuda de calidad, sin ataduras.

• Justicia de la deuda – La disminución de los ingresos fiscales y la depreciación de la moneda, junto con el aumento de los gastos para luchar contra el COVID-19 y hacer frente a las catástrofes «naturales», han provocado un fuerte aumento de la deuda de los países empobrecidos. Cuando empresas financieras como Blackrock, JPMorgan, HSBC y UBS exigen el reembolso, los países se ven obligados a elegir entre su calificación crediticia y el pago de servicios esenciales. Muchas deudas son ilegítimas: impulsadas por préstamos depredadores, cargadas de condiciones onerosas e injustas o contraídas por empresas privadas pero asumidas por el sector público.  Las deudas del sector público, para todos los países necesitados, deben ser canceladas incondicionalmente durante al menos los próximos cuatro años. También debemos crear un marco justo, transparente, vinculante y multilateral para la resolución de las crisis de la deuda, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

5. No dejar a nadie atrás

Puede que el virus COVID-19 no discrimine, pero las personas sí. Las comunidades que tradicionalmente han soportado el peso del odio xenófobo, la marginación económica, el fanatismo de las castas y la esclavitud moderna sufren mayores tasas de infección y muerte por COVID-19, como resultado de un acceso inadecuado e inferior a la atención sanitaria y de unas tasas de vacunación más bajas. Los refugiados y los inmigrantes también corren un mayor riesgo de contraer el COVID-19. Incluso cuando las vacunas están disponibles, los inmigrantes indocumentados suelen ser, comprensiblemente, recelosos.

Tras el COVID-19 ha surgido una «pandemia en la sombra» de violencia de género. El matrimonio infantil va en aumento, ya que el coste económico de la pandemia lleva a más familias a casar a sus hijos a una edad temprana. Veinte millones de niñas de países de ingresos bajos y medios no han podido participar en el aprendizaje en el hogar mientras sus escuelas están cerradas. Puede que nunca vuelvan a las aulas.

Es necesario actuar a nivel mundial, nacional y local para poner fin a la discriminación y garantizar que los recursos lleguen a los más necesitados.

Les pedimos que se unan a nosotros para responder a la llamada de atención, de modo que todos podamos salir de la pandemia hacia un mundo con igualdad sostenible para todos.

Déclaration de GCAP du 17 octobre 2021 – la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Des millions de personnes ont participé à la Semaine mondiale d’action #Act4SDGs du 17 au 28 septembre 2021 pendant l’Assemblée Générale des Nations Unies. GCAP et ses partenaires ont organisé des assemblées populaires dans 28 pays au niveau local et au niveau national. Les personnes marginalisées ont élevé leur voix auprès des gouvernements et des médias nationaux. Elles ont appelé à un monde caractérisé par l’égalité durable pour tous, où personne n’est laissé de côté !

Les demandes ont été portées devant des assemblées régionales virtuelles et ensuite présentées lors l’Assemblée mondiale des peuples du 21 au 23 septembre 2021. GCAP a coordonné l’Assemblée mondiale des peuples  en coopération avec 40 réseaux de la société civile et a ainsi rassemblé 950 participants. L’assemblée a adopté la Déclaration de l’Assemblée mondiale des peuples 2021.

Le 17 octobre 2021, GCAP lance un appel à l’action sur les points suivants :

1. Un vaccin pour tous

La couverture vaccinale dans les pays à faible revenu est inférieure à 2 %, et la grande majorité des doses de vaccin COVID-19 n’ont été distribuées qu’à dix pays. Aucune communauté n’est à l’abri de la pandémie, tant que nous ne le sommes pas tous. Aucune nation ne pourra rouvrir complètement ses portes tant que toutes les nations ne le pourront pas. L’inégalité face aux vaccins a un immense impact social et économique sur les pays à faible taux de vaccination.

Nous demandons un accès gratuit et universel au vaccin COVID-19 – ainsi qu’aux outils nécessaires pour contrôler la pandémie, y compris les tests de diagnostic, les médicaments, l’oxygène et les autres produits thérapeutiques, ainsi que les masques et les équipements de protection individuelle – pour tous, dès que possible, mais au plus tard en juin 2022. Pour y parvenir, nous avons besoin d’une dérogation temporaire immédiate aux protections de la propriété intellectuelle sur toutes les technologies du COVID-19 (une «dérogation ADPIC») et nous exigeons que le savoir-faire en matière de vaccins soit partagé dès que possible afin de réduire le coût et d’augmenter la production sur tous les continents dans le cadre d’un plan d’urgence pour une couverture universelle.

2. La protection sociale

«Comme l’esclavage et l’apartheid, la pauvreté n’est pas naturelle», a proclamé Nelson Mandela au début de l’AMCP. «Elle est le fait de l’homme et elle peut être surmontée et éradiquée par l’action des êtres humains».

La proclamation de Mandela est aussi vraie aujourd’hui qu’elle l’était en 2005. Avec les bonnes politiques en place, nous pouvons transformer les espoirs, les rêves et les vies de chaque personne qui a souffert de l’injustice de la pauvreté et de la discrimination.

Il faut tenir la promesse de mettre fin à la pauvreté et d’atteindre les objectifs de développement durable par un nouvel accord qui assure une protection sociale pour tous. Les systèmes de protection sociale sont un mécanisme éprouvé, direct et à action rapide pour mettre fin à la pauvreté et réduire les inégalités. Deux experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies ont appelé à la création d’un Fonds mondial pour la protection sociale. Nous devons le créer aujourd’hui.

Si le financement et le soutien internationaux sont importants, ils ne remplacent pas la responsabilité des gouvernements nationaux et locaux de financer des socles de protection sociale nationaux fondés sur les droits. Les gouvernements nationaux doivent fournir une aide financière aux personnes qui en ont le plus besoin. Ils doivent également veiller à ce que les élèves issus de communautés à faibles revenus et marginalisées, en particulier les filles, ne soient pas laissés pour compte pendant les périodes d’enseignement à domicile. La protection sociale est un droit, et non une carotte pour attirer les faveurs politiques ou un bâton pour punir les ennemis politiques.

3. Justice climatique

Les plans de relance COVID-19 offrent une opportunité majeure pour le monde de «reconstruire en mieux» en s’attaquant à la crise climatique et à la perte de biodiversité, et en particulier à leur impact sur les communautés marginalisées et exclues, les réfugiés et les migrants, les femmes et les jeunes.

Faire passer les personnes et la planète avant les profits et respecter les droits de la Terre Mère. Respecter et dépasser les engagements de l’Accord de Paris. Veiller à ce que les températures mondiales n’augmentent pas de plus de 1,5 °C. Laisser les combustibles fossiles dans le sol. Éliminer et réaffecter les subventions versées à l’industrie des combustibles fossiles. Arrêter de construire de nouvelles centrales au charbon et retirer le parc existant.

Les pays riches doivent financer la transition énergétique, fournir des fonds pour prévenir les calamités et s’en remettre, et honorer leur engagement de fournir au moins 100 milliards de dollars par an pour le financement du climat. Cette aide doit être fournie sous la forme de subventions et non de prêts générateurs de dette.

4. Le financement de l’égalité durable et le risque d’austérité

Des politiques de santé et de protection sociale saines, y compris des financements pour garantir une éducation de qualité pour tous, sont plus que jamais nécessaires. Pourtant, le FMI et les gouvernements du monde entier optent pour des mesures d’austérité qui sapent la reprise, réduisent les services et donnent la priorité au paiement de la dette. L’austérité est une politique mortelle qui met en péril la réalisation des objectifs de développement durable. L’austérité n’est pas non plus nécessaire : il existe de nombreuses politiques alternatives pour financer les programmes de vaccination, la protection sociale, la justice climatique et pour équilibrer les budgets. En voici quelques-unes :

• Droits de tirage spéciaux (DTS) – Le Fonds monétaire international a émis 650 milliards de dollars de «droits de tirage spéciaux» en août 2021 pour stimuler la liquidité mondiale et «aider les pays à faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19». Les DTS peuvent sembler techniques – mais leur création représente une opportunité fantastique de financer les vaccins et l’égalité durable pour tous.  Veuillez allouer ces ressources supplémentaires afin de garantir que les communautés marginalisées bénéficient des allocations de DTS. Lorsque ces fonds sont investis dans des programmes de santé publique et de protection sociale, les personnes issues des communautés exclues doivent être impliquées dans les programmes et les processus, du début à la fin, afin de garantir leur succès. Les nations riches n’ont pas besoin de ces réserves supplémentaires ; elles doivent en faire don aux pays qui ont besoin de ces fonds pour lutter contre la pandémie et financer l’égalité durable. Les pays à revenu faible et intermédiaire doivent investir les DTS dans leur population, en particulier les plus vulnérables et les plus marginalisées ; ils ne doivent pas être gardés en réserve ou servir de garantie pour financer davantage de dettes. Il faut davantage de DTS pour lutter contre la pandémie : le FMI devrait émettre 3 000 milliards de DTS.
• Justice fiscale – Plus de 130 pays ont approuvé un plan visant à fixer un taux d’imposition mondial minimum effectif de 15 %. Ce taux est beaucoup trop bas. Nous sommes d’accord avec la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises qui propose un impôt mondial minimum sur les sociétés de 25 %. L’autre grand problème est que cette réforme ne permettra pas de freiner efficacement le transfert de bénéfices. Cela signifie que ce sont principalement quelques pays riches qui bénéficieront des impôts supplémentaires. Ce sont surtout les pays à faibles revenus qui perdent leurs recettes fiscales. En outre, il existe des échappatoires qui permettent aux sociétés financières, aux compagnies pétrolières et aux autres acteurs de l’industrie extractive d’éviter de payer leur juste part. Ces échappatoires doivent être éliminées, tout comme les paradis fiscaux et l’évasion fiscale doivent être traités. Il est également possible de promulguer des taxes sur les transactions financières concernant les opérations de change, les actions, les obligations et les produits dérivés, qui pourraient générer au moins 200 milliards de dollars par an.
• Coopération au développement – Il y a plus de 50 ans, les pays de l’OCDE se sont engagés à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l’aide publique au développement. Bien que cet engagement ait été réaffirmé à de nombreuses reprises, la moitié de ce qui a été promis n’a pas été réalisé. Pays donateurs : tenez votre promesse ! Fournissez une aide de qualité, sans conditions.

• La justice de la dette – La baisse des recettes fiscales et la dépréciation des devises, associées à l’augmentation des dépenses pour lutter contre le COVID-19 et faire face aux catastrophes «naturelles», ont entraîné une forte augmentation de la dette des pays appauvris. Alors que des sociétés financières comme Blackrock, JPMorgan, HSBC et UBS exigent des remboursements, les pays sont contraints de choisir entre leur cote de crédit et le paiement des services essentiels. De nombreuses dettes sont illégitimes : elles résultent de prêts prédateurs, sont assorties de conditions onéreuses et injustes ou ont été contractées par des sociétés privées mais assumées par le secteur public.Les dettes du secteur public, pour tous les pays dans le besoin, doivent être annulées sans condition pour au moins les quatre prochaines années. Nous devons également créer un cadre équitable, transparent, contraignant et multilatéral pour la résolution des crises de la dette, sous les auspices des Nations Unies.

5. Ne laisser personne de côté

Le virus COVID-19 ne fait peut-être pas de discrimination, mais les gens en font. Les communautés qui ont traditionnellement fait les frais de la haine xénophobe, de la marginalisation économique, du sectarisme de caste et de l’esclavage moderne présentent des taux d’infection et de mortalité par le COVID-19 plus élevés, en raison d’un accès insuffisant et inférieur aux soins de santé et de taux de vaccination plus faibles. Les réfugiés et les migrants courent également un risque plus élevé de contracter le COVID-19. Même lorsque les vaccins sont disponibles, les sans-papiers sont souvent méfiants, ce qui est compréhensible.

Une vague de violence fondée sur le sexe est apparue dans le sillage de COVID-19. Les mariages d’enfants sont en augmentation, car le coût économique de la pandémie conduit de plus en plus de familles à marier leurs enfants à un jeune âge. Vingt millions de filles de pays à revenu faible ou intermédiaire n’ont pas pu participer à l’apprentissage à domicile alors que leurs écoles étaient fermées. Elles risquent de ne jamais retourner en classe.

Une action mondiale, nationale et locale est nécessaire pour mettre fin à la discrimination et garantir que les ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

Nous vous demandons de vous joindre à nous pour répondre à cet appel au réveil afin que nous puissions tous émerger de la pandémie dans un monde d’égalité durable pour tous.